Por

Herson Huinca-Piutrin

Pablo Millalen Lepin

Comunidad de Historia Mapuche

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En pleno proceso de la huelga de hambre de los presos políticos mapuche (los hermanos Ariel, Benito y Pablo Trangol, y el Lonko Alfredo Tralcal) el Ministerio Público lanzó su nueva operación de persecución política mapuche titulada “Operación Huracán” donde se tuvo en prisión preventiva a Héctor Llaitul, Ernesto Llaitul, Jaime Huenchullán, Rodrigo Huenchullán, Fidel Tranamil, Martín Curiche, David Cid y Claudio Leiva. El objetivo: acusarlos de estar en la organización de una serie de atentados incendiarios a camiones y la planificación de otros, a ello agregar su supuesta participación en el tráfico de armas, lo que llevó al subsecretario del Interior Mahmud Aleuy viajar a Argentina a reunirse con la ministra de Seguridad Pública Patricia Bullrich, a su vez también cuestionada por la desaparición forzosa de Santiago Maldonado.

El proceso era imputarlos bajo la aplicación de la Ley Antiterrorista. No obstante, ya en los medios de comunicación se criticaba dicha acción, particularmente por lo indebido del mismo proceso con la publicación casi cómica de los mensajes de “WhatsApp” que supuestamente les habían interceptado.

Atingente a la realización de la Consulta Indígena sobre la Nueva Constitución llevada por el Gobierno y la reciente incorporación de Chile como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para el período 2018-20201 dónde debe velar por la promoción y protección de los derechos humanos a nivel global, la Corte Suprema ordena la liberación de los detenidos de la “Operación Huracán”2. Los hechos demuestran que a pesar que los fiscales defendieron la postura de acusar una presunta coordinación para ataques es que no existen las pruebas suficientes para haber puesto en marcha dicha operación. El recurso de amparo fue estudiado y recibido por los miembros de la Corte Suprema bajo el argumento de que la decisión que tomó la jueza de garantía de Temuco, Luz Arancibía, quien ordenó la prisión preventiva y de imponer la medida de Ley Antiterrorista era inconstitucional. El gran error de Luz Arancibia es que en su resolución ella da por acreditada la participación no identificando las razones para ello. Al decir de Milton Juica no contaba con los debidos fundamentos que justifiquen alguna participación de los acusados de aquel plan imaginado por el Ministerio Público.

Ahora, como bien mencionó Aucan Huilcaman, cuando señala que todo esto fue “un montaje político con el manual de la dictadura militar” “en un gobierno que se dice democrático, pero que usa las mismas prácticas que la dictadura de Pinochet para contraatacar las pretensiones mapuche” nos llevan y sitúan en nuevos escenarios de racismo hacia el pueblo Mapuche y sus integrantes. La persecución política llevada bajo esta operación invita no solo al gobierno de Chile a reconsiderar la forma como ha tratado las demandas del movimiento Mapuche, sino que también al sistema judicial chileno que no se ha mostrado a la altura del contexto. Hemos visto por una vez más el racismo establecido en la institución judicial misma como en los actores presentes en aquellos sillones. Una de las cuestiones de fondo aquí es la existencia de un racismo internalizado en los fiscales y jueces del Ministerio Público que no les permite ir y actuar de forma imparcial. A esto también se suma el hecho de que en la formación de muchos abogados, fiscales y jueces no existe un conocimiento acabado en lo que toca a la materia de los derechos de los pueblos indígenas. Tampoco el sistema jurídico y sus instituciones no se encuentran a la altura de responder al hecho de que existiese de manera eventual que algunos de los presos mapuche solicitará la realización de un proceso judicial desde el pluralismo jurídico -establecido en instrumentos del derecho internacional-, incorporando el sistema jurídico Mapuche “Az Mapu”.

En diversos países del mundo el racismo y sus expresiones son perseguidas por la ley. Lo que ocurre en Chile es que estas acciones de racismo pasan ya normalizadas en la sociedad civil como también en las instituciones del Estado. Esto se ha demostrado en el hecho de que el mismo ministro de la Corte Suprema de Chile haya contradicho a sus colegas fiscales por el hecho de no haber demostrado la necesidad de tener a los acusados en prisión preventiva. La investigación seguirá realizándose a los imputados. Sin embargo, ya se pueden encontrar responsables: ¿Ahora quienes asumen la responsabilidad de este impase? Las responsabilidades están compartidas tanto desde Carabineros3 – institución que se encuentra en el ojo del huracán por corrupción-, la Fiscalía regional y principalmente el Subsecretario del Interior Mahmud Aleuy.