Por Enrique Antileo Baeza
Centro de Estudios e Investigaciones Comunidad de Historia Mapuche

Hace pocas semanas los diarios El Mercurio y La Segunda publicaron que el 94% de los mapuche que viven en zonas rurales preferían tener un título de dominio individual en vez de una propiedad amparada en la actual ley indígena. Bueno, los datos eran de la Encuesta de Identidad y Opinión de los Mapuche de la Araucanía, elaborada por el Instituto de Libertad y Desarrollo y publicada en mayo de 2019.

La encuesta de esta institución —ligada a la derecha y al empresariado chileno, es cosa de ver su directorio y la cadena de apellidos de la endogámica aristocracia chilena— entrevistó a 384 personas mapuche en 13 comunas de la región de la Araucanía y llegó a conclusiones tales como: que el 82% no se ha sentido discriminado; que el 94% prefiere tener título individual; que el 59% prefiere vivir en la ciudad y no en el campo; que un 58% quiere arrendar sus tierras; que un 50% cree que debe tener derecho a vender su tierra; que el 83% está de acuerdo con que la entrega de tierras debe ser a través de título individual; que un 65% concuerda con que las comunidades puedan dividir su tierra; que un 42% cree que la entrega de tierras puede reemplazarse con otro “beneficio” (en palabras del estudio) y así entre otras cifras.

Lo paradójico es que la encuesta no evidenció la capacidad de movilización de cientos de comunidades y organizaciones mapuche que rechazaron la consulta en diversos territorios sobre la modificación de la Ley Indígena. Se produjo un quiebre en las expectativas del gobierno y la respuesta proveniente de la sociedad mapuche. Fue tanto la desazón para ellos que claramente, desde arriba, jugaron las cartas más sucias: enviar infiltrados a los procesos de consulta, infiltrados civiles y militares. Civiles que se metieron a las consultas o que llegaron después de que se habían rechazado para tratar de levantar una nueva acta. El caso de los militares da para largo: se utilizó racialmente a conscriptos de apellido mapuche para que fueran a las consultas. Nada se sabe sobre cómo se gestó tal triquiñuela.

Por eso, la aparición de esta encuesta, y su uso mediático y gubernamental, resulta al menos cuestionable. A todas luces es un instrumento que intenta reflejar en un número porcentual que los mapuche quieren cambiar sus actuales propiedades por una de carácter privado que les permita vender o arrendar.  Los diarios antes mencionados, fieles a su sector,  pretendieron vender un punto de objetividad sobre estos resultados. Pero para ser más claros, digamos que una parte de 384 personas de 13 comunas, mayores de 18 años, dijeron todo eso que nos mostraron en grandes gráficos e infografías. Tampoco nos engañemos. Además, no sabemos nada de su marco muestral. Señalan que en el marco ocupado hubo una selección aleatoria de manzanas, cuando en sectores rurales se deben utilizar secciones, lo que le da a sus resultados una dudosa representatividad de la realidad mapuche.

¿Por qué se movilizó tanta gente entonces? La encuesta entregaba un panorama alentador para el gobierno ¿Qué sucedió? La respuesta puede ser abordada desde varias dimensiones, pero es básicamente porque, a pesar de que la ley indígena es limitada y atrasada en términos del derechos internacional, las personas saben que hasta ahora —junto al convenio 169— es el único instrumento que puede proteger, en la batalla legal, lo que queda del territorio mapuche de los depredadores que tienen los ojos puestos en él. Es decir, es una herramienta que aún puede usarse contra todo tipo de rapiñas que miran el Wallmapu como oportunidad para sus negocios, para seguir acumulando riquezas. Hablamos de forestales, latifundistas y otras empresas y personas que están atentas al “remate” de tierras.

¿De dónde sacó el gobierno la convicción de que había que modificar la ley indígena? Pues de sus propios intereses. Si se fijan bien en cada una de las preguntas formuladas por la encuesta del Instituto de Libertad y Desarrollo, puede uno rasgar el discurso de buenas intenciones y empezar a ver o imaginar cómo las vienen fraguando hace años. Preguntas como “¿usted prefiere título de dominio individual o de comunidad?”,”¿Usted prefiere vivir en la ciudad o vivir del trabajo de la tierra?” “¿cree que los mapuche deben tener derecho arrendar su tierra?”, “¿cree que los mapuche deben tener derecho a vender su tierra?”,  “¿qué tan de acuerdo está con la entrega de tierras mediante títulos individuales en vez de entrega a comunidades?”, son todas interrogantes tendenciosas que nacen de los intereses del gobierno y el empresariado local y nacional.

Y así sigue con preguntas sobre la división de tierras, o consultas por la posibilidad de dejar la demanda de tierras y aceptar otro “beneficio”. Por supuesto, usan la palabra beneficio y no derecho. También pretendieron dejar bien parados a los empresarios dejando clara la apreciación positiva que tenía una parte de estas 384 personas sobre los negocios en Wallmapu y la generación de empleo. De paso, una parcialidad de los encuestados denostaron a las organizaciones que usan la violencia y “dejan mal parado” al pueblo mapuche.

En fin, digamos que este sector político empresarial que hoy controla el Estado colonial chileno, tiene varias motivaciones privadas en la materia. No obstante, es un sector bastante ignorante sobre la historia de nuestro pueblo. No tiene la menor idea de que el pueblo mapuche ya pasó por esto desde la década del 30’ y  luego, intensamente, a fines de los 70’ y los 80’ bajo la dictadura de Pinochet. No comprenden estos empresarios que gobiernan que la memoria de la división y el daño ocasionado y materializado en la usurpación sistemática del territorio mapuche de Ngulu Mapu activa, de un modo u otro, la resistencia actual.

En este último sentido, es necesario que también nosotros seamos capaces de analizar estos intentos de división de las tierras mapuche como una constante del colonialismo republicano chileno. Sin duda, el primer despojo del Estado fue la reducción y radicación de las comunidades mapuche post-ocupación militar de la Araucanía, pero luego todo el siglo XX se nos fue desgarrando la poca tierra que teníamos a través del actuar del Estado, los colonos, los juzgados, los fraudes y las leyes que obligaron a la parcelación.

La perspectiva histórica es la que nos permite tener claridad sobre los embates permanentes del engañoso discurso de la elite política chilena. Esa buena onda multicultural queda al descubierto cuando quieren la tierra para ellos, como lo deja claro el subsecretario Ubilla. La encuesta de Libertad y Desarrollo les sirve para ir elucubrando un argumento, para ver qué decir, cómo engañar. Ante eso, el conocimiento  de nuestros procesos colectivos, permite —como el gesto de las cientos de personas que rechazaron la consulta—, articular una defensa.

*Miembro de la Comunidad de Historia Mapuche